Este borrador, elaborado por John Restakis, Coordinador del eje de investigación Infraestructura Social e Innovación Institucional, examina el modo en que las políticas públicas pueden fortalecer la economía civil – Economía Popular y Solidaria – con el fin de que ésta adquiera una función preponderante en la transformación de la matriz productiva del país con respecto a la provisión de bienes sociales.

Esta estrategia es un elemento indispensable dentro de un esfuerzo más amplio de transición de la economía desde un modelo neoliberal que privilegia la acumulación del capital sobre los valores sociales, hacia uno en el cual la economía sirve para el crecimiento del individuo y del bienestar social. En contraste con el neoliberalismo, en el cual el capital erosiona y desplaza al estado hacia la colonización y privatización del dominio público; este documento explora el modo en que el Gobierno puede fortalecer la economía civil a través de la elaboración de políticas públicas que refuercen los principios y propósitos cívicos al servicio del interés público.

De todos los aspectos productivos posibles de la economía popular y solidaria, este borrador se centra en su capacidad para contribuir a la prestación de los servicios públicos que con mayor frecuencia han sido descentralizados, como es el caso de la atención social a colectivos vulnerables. Hasta ahora, la prestación de estos servicios por parte de entidades privadas ha servido para socavar el rol del Estado y beneficiar al sector privado.

La alternativa que se explora aquí reconoce el papel del Estado como administrador del interés público, mientras desarrolla la infraestructura social que complementa dicho papel con las instituciones civiles, que pueden tomar en cuenta y salvaguardar los bienes y servicios sociales. La creación de lo que podemos llamar un mercado social para el desarrollo de los sistemas de conocimiento libre y abierto son esenciales en este esfuerzo.

Recomendaciones para impulsar y consolidar la Economía Civil:

Financiación:

Principio de exoneración fiscal sobre los ingresos de estas entidades en la medida en que las mismas realicen una labor de atención social que produce directamente un bien social. Base en el principio de reciprocidad que rige la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Uso de los ingresos y beneficios de las Organizaciones de Economía Social (OES). La cuestión no es la existencia de tal beneficio sino el uso que se le dé (en interés privado o social), y cómo puede reintegrarse ese beneficio dentro de una red de relaciones de reciprocidad y bien común. En definitiva, se trata de un capital de funcionalidad social que va a ser imprescindible para el desarrollo del sector.

Dada la dificultad que tienen estas OES para acceder al capital y controlarlo en su caso, las políticas tributarias son fundamentales para mejorar esta capacidad.

Nuevos modelos de gestión de servicios públicos a través de la economía social:

Esto se muestra a través del estudio de caso de la innovación en los servicios de atención a adultos mayores en la ciudad de Bolonia, Italia, donde la Fundación del Monte de Bolonia y Rávena generó un sistema de bonos sociales que estaban a disposición de las/os usuarias/os, con participación del Estado en función de las posibilidades de los usuarios de asumir los costes, para que eligieran la entidad social que les prestaría servicios, asegurando mecanismos de asesoramiento y de control democrático por parte de los ciudadanos. Esto incrementó notablemente la calidad de los servicios e involucró a los usuarios en la gestión de muchas de estas entidades, ampliando la base de la economía social.

El éxito de esta experiencia (por la mejora de la calidad y la creación de empleo en estos servicios) respecto a la atención de personas mayores muestra el interés de escalarlas, incluyendo más servicios que normalmente se descentralizan y que podrían integrarse en este tipo de mercados sociales financiados o cofinanciados por el Estado y controlados por las/os usuarias/os.

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